Campanella: un sanducero que se hizo treintaitresino

El 27 de noviembre de 1994 hubo elecciones nacionales en Uruguay. Como fue dicho, la figura de Walter Campanella consolidó su liderazgo dentro del Partido Nacional y fue él como candidato de la Lista 30 quien se constituyó en el nuevo Intendente.

Los nacionalistas obtuvieron 14.174 votos, el Partido Colorado cosechó 11.787, y el Frente Amplio obtuvo 3.574 votos. La Junta Departamental quedo constituida por 16 Ediles del Partido Nacional, 12 Ediles del Partido Colorado y 3 del Frente Amplio que aumentó sensiblemente su cosecha electoral. Rúben Ferreira Chávez fue electo Diputado por el Partido nacional y Diana Saravia reelecta por el Partido Colorado.

La Intendencia de Walter Campanella estuvo marcada por serios problemas económicos, llegando la crisis a su punto más álgido cuando obreros y empleados de la comuna acamparon en plaza 19 de abril reclamando el pago de sus salarios atrasados, situación que se extendió por varios días hasta que un préstamo del BROU auxilió a la Intendencia para regularizar esta situación.

Campanella intentó su reelección y tomando distancia de su “padrino” político Wilson Elso, para el siguiente periodo electoral fundó la lista 433. Recibió el apoyo de otras listas nacionalistas, y curiosamente también de una lista colorada liderada por el Edil Julio Barboza, quien fundó el movimiento “Colorados con Campanella”, toda una novedad en el ambiente local donde la rivalidad entre los dos partidos tradicionales seguía siendo muy fuerte.

Tras su pasaje por la Intendencia, Walter Campanella en el año 2000 fue designado delegado uruguayo ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También se desempeñó como legislador, ejerciendo la suplencia del Diputado Julio Lara. Su salud se deterioró prematuramente y falleció en Montevideo el 31 de octubre de 2019 por una insuficiencia cardiaca.

LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Entre los decretos aprobados en este periodo por la Junta Departamental, se puede mencionar que en junio de 1997 se dispuso impedir la propaganda callejera en la avenida Juan Antonio Lavalleja entre Rincón y Meléndez, a excepción de los tiempos electorales, lo que por supuesto generó resistencia por parte de los publicistas y comerciantes en general.

En junio de 1998, ante la enorme morosidad registrada en tributos municipales, la Junta Departamental aprueba un nuevo periodo de franquicias, a efectos de propiciar una mejora en la recaudación. En diciembre del año 2000 se aprobó un nuevo periodo de franquicias con el mismo propósito. La crisis financiera llevó a que el mismo mes la Junta aprobara la obtención de un préstamo del BROU a la Intendencia por la suma de $ 1: 473.697, para el pago del Medio Aguinaldo a los funcionarios. En agosto de 1999 se autoriza a la Intendencia a contraer una deuda de 800 mil dólares con el Banco de Crédito. En julio del año 2000 se autorizó un tercer préstamo, esta vez por un millón de dólares concedidos por COFAC, siempre para pagar sueldos atrasados. En octubre del año 2000 se aprobó la refinanciación de la deuda con el banco de Crédito, ya que la comuna no estaba pudiendo cumplir con el compromiso original de pago.

Otro de los temas candentes en este periodo es el de la instalación de empresas comerciales de grandes superficies, lo que era visto como una amenaza a la viabilidad de los comercios locales. Atendiendo esa inquietud, la Junta suspendió los permisos otorgados a comercios con más de 300 m2, y creó una Comisión Departamental de protección a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y

Artesanal. Con el tiempo las resistencias se fueron apagando y se instalaron las grandes superficies en la capital olimareña, tal como lo habían planeado.

En junio del año 2000, la Junta Departamental aborda la polémica de la contaminación sonora aprobando un nuevo reglamento sobre niveles de ruido producidos en espectáculos y actividades nocturnas, así como industriales y comerciales en general. Los ruidos de fondo no podrían superar los 45 decibles, bajando a 35 en los alrededores de centros de enseñanza, de asistencia médica o servicios funerarios. Los espectáculos públicos no podrían superar los 75 decibeles.

En el mismo año 2000, se legisla respecto a la quema de cáscara de arroz. Un decreto de la Junta Departamental dispuso que la quema de cáscara de arroz no podría hacerse a menos de cinco kilómetros de un centro poblado o de un curso de agua, ni a menos de dos kilómetros de una ruta de circulación vehicular. En el caso de las calderas con fines de generación de energía eléctrica, se dispone que no estén ubicadas en planta urbana ni suburbana, con chimeneas que aseguren la dispersión de los gases sin perjuicio de los vecinos. Cabe recordar que el funcionamiento de la planta de GALOFER en Villa Sara provocó serios problemas ambientales, llegando las denuncias del vecindario no solo a las autoridades departamentales, sino al parlamento de la república y al propio poder ejecutivo.

(Fragmento del libro “Pasaron 40 años” del Profesor Aníbal Terán Castromán, de próxima publicación)